Declaración que permite reducir los plazos del procedimiento de contratación a la mitad: el plazo de presentación de ofertas, el de adjudicación y el de formalización. Se justifica cuando la Administración tiene una necesidad inaplazable o cuando se producen acontecimientos imprevisibles. No confundir con la tramitación de emergencia, que permite la contratación verbal directa en catástrofes.
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