Acto formal por el que la Administración verifica que los bienes entregados o servicios prestados cumplen las especificaciones técnicas del contrato. Puede incluir pruebas de funcionamiento, inspecciones de calidad y comprobación de cantidades. Abre el período de garantía y da inicio al plazo de pago (30 días máximo según la Ley de Morosidad).
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