Circunstancia que impide a una empresa participar en cualquier procedimiento de contratación pública. Causas principales: condena por delitos de corrupción, fraude o blanqueo; infracción grave en materia fiscal, laboral o medioambiental; declaración de concurso; falsedad documental; e incumplimiento grave de contratos anteriores. La duración varía entre 3 y 8 años según la gravedad.
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