Las entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones, ONGs) pueden participar en licitaciones públicas siempre que el objeto del contrato esté dentro de sus fines estatutarios. La LCSP permite reservar contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción. Estas entidades deben cumplir los mismos requisitos de solvencia que cualquier licitador.
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