Contrato por el que la Administración encomienda a un operador privado la gestión de un servicio público (transporte, agua, residuos, aparcamientos) a cambio del derecho a explotar el servicio y cobrar a los usuarios. El concesionario asume el riesgo operacional: si los ingresos no cubren los costes, asume las pérdidas. Regulada en los artículos 284-297 de la LCSP.
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